Blanca García Vega – Presidenta ACYLCA. Vicepresidenta de AICA SPAIN / AECA
Cada vez se suman más voces autorizadas (periodistas, artistas plásticos y profesionales del arte, directores de los museos de arte, críticos de arte) en contra de la intromisión política en la legítima independencia de las instituciones públicas, artísticas y culturales. Este clamor es la conclusión lógica y sana, la gota que colma el vaso, de un proceso de décadas en la escalada de recortes de las atribuciones y retribuciones de los profesionales cualificados, a la par que los políticos incrementan sus ingresos y competencias, en un intento de convertirlos en asalariados a su servicio.
Los expertos especializados deben superar numerosos filtros en su formación y tienen que demostrar su preparación ante comisiones oficiales, sin embargo, un político solo tiene que inscribirse en un partido determinado para acceder a un cargo público y ejercer el poder político. Eso sí, dedican todo su esfuerzo a la “carrera” dentro del partido, lo que repercute en detrimento de adquirir los necesarios conocimientos sobre temas en los que tienen que tomar decisiones trascendentales, pero eso es secundario. Nuestros antepasados buscaron durante siglos la piedra filosofal y ahora la han encontrado en forma del Boletín Oficial del Estado. Hay quien se cree que basta con la publicación en el B.O.E. de un cargo político para que esa persona adquiera de inmediato la ciencia infusa y, lo que es más, la virtud de convertir en oro todo lo que toca con el dinero público.
Pero, cuando el centro de atención se dirige al Arte Contemporáneo, las actuaciones de injerencia política son más llamativas y la situación se complica. Por una parte, el arte es muy atractivo ante la sociedad y su instrumentalización política fácilmente asequible desde las políticas culturales, pero, en la realidad, el arte actual es muy difícil de comprender y extremadamente complejo. Al igual que para entender una teoría científica (relatividad, quántica, fractales…) hay que utilizar las herramientas adecuadas y un lenguaje muy preciso en su exposición, el arte contemporáneo hay que abordarlo desde un planteamiento de investigación conceptual y científico. Así, el desacuerdo entre quienes pretenden hacer del arte un instrumento político y los activos de la producción del arte, artistas, galeristas, museos y centros de arte contemporáneo, está servido.
En el caso concreto de la polémica celebración del 75º aniversario de la ONU y de la exposición de Gabarrón en el Museo Patio Herreriano de Valladolid, que interfiere la programación oficial del museo con Eva Lootz, se hacen necesarias las aclaraciones de transparencia a unas preguntas: ¿El acuerdo entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación Gabarrón determina ese espacio concreto sin consultar previamente a la dirección, que es responsable de su programación y mantenimiento?, ¿Qué financiación se le asigna al proyecto por cada una de las partes que lo avalan?, ¿Qué cantidad aporta el Ministerio de Exteriores a instancias de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe que colabora con esta iniciativa?, ¿Son conscientes todos ellos del daño de consecuencias impredecibles e irreparables que puede producirse? Los amigos y simpatizantes del Museo Patio Herreriano expresan su desconcierto y su indignación con manifestaciones y acciones diversas. La Colección MPH que da contenido a este espacio, como su dirección, ha sido ignorada. El descrédito consecuente a esta polémica va a repercutir en el prestigio logrado a lo largo de tantos años. ¿O es todo eso la intención que subyace?
No se puede esperar respeto cuando no se da y queda la duda de cuál será lo próximo que veamos. Carlo Cipolla, catedrático de Historia Económica en Berkeley, es el autor de un ensayo sobre la estupidez humana, una reflexión inteligente, profunda y con sentido del humor centrada en ese grupo de miembros de la sociedad organizada que impiden el crecimiento del bienestar y de la felicidad humana. Aclara explícitamente que una persona estúpida es la que causa un daño a otra persona o a un grupo de personas sin obtener un provecho para sí, o incluso obteniendo un perjuicio. Un factor que determina el potencial de una persona estúpida procede de la posición de poder o autoridad que ocupa en la sociedad, por lo que no resulta difícil comprender de qué manera el poder político, económico o burocrático aumenta el poder nocivo de una persona estúpida. Finalmente, afirma que “la persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe” porque debido al comportamiento errático del estúpido sus acciones y reacciones son imprevisibles e incontrolables. ¿Podría ser este, quizás, el caso…?